La crisis de hegemonía institucional

 

SURda

Brasil

Juan Luis Berterretche

En la coronación de Alejandro V, como papa de la iglesia católica en el año de 1409, se agregó a la liturgia un nuevo elemento. Un sacerdote interrumpió en tres oportunidades la ceremonia --como parte del ritual-, para quemar unas ramas de lino y luego del fuego consumirse decir, dirigiéndose al santo padre: “ Sic transit gloria mundi " una reflexión en latín que significa “así pasa la gloria del mundo”. Para recordarle al nuevo pontífice lo efímero de los triunfos mundanos. Este rito tradicional se mantuvo hasta el siglo pasado aunque las ramas de lino fueron sustituidas más adelante por un fogonazo de magnesio. 

Es una lástima que ese ritual de advertencia no fuera usado cuando se inviste a los nuevos presidentes de la Cámara y del Senado en Brasil. No porque se trate de un talismán efectivo contra la soberbia -la historia del propio Vaticano demuestra lo contrario- sino más bien para recordar a la ciudadanía la necesidad de mantener un riguroso control y una fuerte indignación ante la corrupción y la petulancia política.

Estos sentimientos abordan cuando se mira la fotografía del presidente del senado Renán Calleiros -senador por Alagoas- y el presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha -diputado por Rio de Janeiro- en actitud de triunfo, mientras se tapan la boca para que los periodistas no puedan leer en sus labios los previsibles comentarios de impunidad ante la práctica repetida del soborno.

Pues bien, en medio de ese triunfalismo anticipado ocurrieron dos hechos que provocaron cambios significativos en esta situación de crisis institucional y de hegemonía política en el Brasil. El martes 14 de julio, la policía federal cumplió una operación de búsqueda y aprensión en las residencias funcional y particular del senador Fernando Collor de Melo -ex-presidente del país separado del cargo por corrupción política y tráfico de influencias, en setiembre de 1992. Collor era un millonario miembro de la oligarquía del estado de Alagoas, que la burguesía pro-imperialista y los grandes medios seleccionaron para enfrentar la candidatura de Lula en las elecciones de 1989. Asumió la presidencia para aplicar las medidas neo-liberales del Consenso de Washington, un programa casi idéntico al de Menem en Argentina o de Lacalle en Uruguay. Después de varios años de inhabilitación política, en octubre de 2006 volvió a ser elegido senador por el estado de Alagoas. En el allanamiento de la semana pasada a su domicilio, que se trataba de la operación “Politeia” un desdoblamiento de la Operación Lava Jato, fueron aprehendidos documentos, computadores y bienes, entre ellos tres automóviles de lujo avaluados en cerca de R$ 6 millones (más de un millón y medio de dólares).

La operación no tenía como objetivo al cadáver político de Collor de Melo en sobrevivencia artificial senatorial, se trataba de un tiro por elevación para que Renán Calleiros tomara consciencia de que tenía pendiente una amenaza de allanamiento a su hogar, por la operación Lava Jato. Y de rebote estaba también dirigida al ensoberbecido Eduardo Cunha que había gestionado una cadena nacional de radio y televisión para dar bombo a las retrógradas medidas aprobadas por la Cámara en el primer semestre.

La estocada de fondo fue el viernes 17 de julio. Mientras Eduardo Cunha hablaba por cadena nacional de radio y televisión, por Internet se difundía un video del empresario Julio Camargo, reo del caso Lava Jato, ejerciendo su situación de culpado acogido al “delito premiado” y acusando a Eduardo Cunha de haber recibido 5 millones de dólares de coima por una gestión relacionada a contratos con Petrobras.

Cunha, que tenía engavetados los pedidos de investigación de la Justicia a la Cámara que lo incluían junto a otros de sus acólitos, vio arruinado su momento de gloria y perdió toda compostura, declarándose en ruptura con el gobierno de Dilma Rousseff. El barco que capitaneaba del lobismo empresarial en la cámara de diputados -con más de 300 diputados federales-, dominado por la bancada conocida como BBB -Boy, Bala, Biblia- una alianza de terratenientes ligados al agro-negocio, defensores de la violencia represiva y evangélicos intolerantes, empezó a hacer agua.

El video del delator produjo el destrozo previsto. De inmediato el vice-presidente Michel Temer hizo una declaración pública dejando claro que cualquier decisión del PMDB aliado al gobierno sería tomada por los organismos competentes del partido. Y el opositor PSDB de Aecio Neves dejó trascender que no harán frente común con Eduardo Cunha. El sábado 18/07 Folha de S ã o Paulo difundió una nota que anunciaba “Oposición y PMDB aíslan Cunha después del rompimiento con el gobierno”. La reacción esperada de Cunha es avanzar en un eventual proceso de “ impeachment ” contra la presidente Dilma. Un golpe blanco al estilo Paraguay contra el presidente Fernando Lugo, en 2012. Pero Cunha está amenazado en lo inmediato por la posibilidad de que el Procurador General de la República, Rodrigo Janot -con simpatías por la presidente- requiera al Supremo Tribunal Federal en los próximos días, su separación cautelar del cargo de presidente de la Cámara.

El viernes 17/07 el diputado Silvio Costa (PSC), pernambucano como Severino Cavalcanti lo recordó para comparar con la situación actual de Eduardo Cunha. El 21 de setiembre de 2005, Severino renunció a su mandato de diputado federal y abandonó el cargo de presidente de la Cámara como consecuencia de una denuncia pública del dueño de un restauran que funciona en las instalaciones del Congreso que lo acusó de cobrarle una mensualidad de 10 mil reales por pago de coima, bajo amenaza de cerrarle el restauran.

Costa afirmó después de la difusión del video del delator “del punto de vista moral, él (Cunha) perdió las condiciones de continuar al frente de la Cámara”...”Por mucho menos la Casa destituyó a Severino.”

¿Por qué el gobierno atraviesa por una grave crisis de hegemonía política?

Durante el primer ejercicio de gobierno, Dilma Rousseff fue acumulando año a año un verdadero descontento social-político, proveniente de una estrategia económica de desarrollo que heredó de las dos presidencias de Lula y que acumuló incontables problemas.

Ese proyecto original del “Lulismo” basado en un inexistente futuro de los combustibles fósiles y agravado por la minería a cielo abierto y el agro-negocio volcados a desforestar y contaminar la naturaleza a la vez que envenenan los alimentos con agro-tóxicos, tiene graves consecuencias sociales porque promueve la violencia rural contra agricultores familiares, trabajadores rurales e indígenas, a la vez que provoca la exclusión campesina y humana en general de las zonas rurales. Y origina el crecimiento de las favelas y periferias pobres de las ciudades.

Ya las movilizaciones de junio de 2013 indicaban la temperatura popular de descontento en la población que, sin la mínima sensibilidad social Dilma fue incapaz de interpretar. Hoy Dilma cuenta con una aprobación de la ciudadanía del 9% (Datafolha). En el actual ejercicio creció más el debilitamiento del gobierno del PT, por la contradicción flagrante entre lo prometido por Dilma en su campaña electoral y las medidas de gobierno que viene aplicando en este primer semestre de 2015. Los que la votaron se sienten estafados por el ajuste fiscal contra los trabajadores mientras se aumentan las tasas de interés que favorecen a los rentistas de la deuda pública, que ya absorbe el 50% del presupuesto federal. Y por la profundización de la errada estrategia de desarrollo, a la vez que se reparten ministerios a políticos que provienen de alianzas espurias con partidos volcados en especial al saqueo de las arcas públicas. El ajuste fiscal es, por ejemplo, el responsable de que se hayan perdido en el primer semestre de 2015, más de 345 mil puestos de trabajo.

Pero además la población cada vez es más consciente de que la estrategia económica de desarrollo del “lulismo” está empujando al país a una crisis de derechos y libertades humanas insostenible.

En ese Congreso federal donde domina una mayoría de centenares de representantes de empresas y corporaciones, una comisión parlamentaria de investigación (CPI) de la violencia contra los jóvenes negros y pobres, ante los hechos y las pruebas incontrovertibles aprobó por unanimidad el 15/07 actual un documento final que prevé la creación de un plan nacional de enfrentamiento al homicidio de jóvenes. El investigador Antonio Texeira de Lima declaró en la CPI que el total de muertes violentas en el país ya sobrepasó el número de 60 mil por año. Es decir aproximadamente 166 diarias. Y que “la máquina de muerte en masa está diezmando principalmente a los jóvenes negros”. No se trata apenas de individuos aislados, se trata de una matanza indiscriminada de la etnia negra, golpeada por la precariedad en todos los aspectos de su vida, y por una política de exterminio instituida por el estado brasileño. Como hemos denunciado en notas anteriores estamos frente a un racismo institucional en el grado de genocidio. De los homicidios que superan el medio millón entre 2002 y 2012, más de la mitad corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años y de ese total el 77% son negros. Y más del 90% pertenecen a la periferia y áreas faveladas de los centro urbanos.

En el caso de desaparición del trabajador de la construcción Amarildo de la favela Rosinha de Rio de Janeiro, por la campaña nacional e internacional encaminada por varios movimientos sociales y populares , se pudo comprobar que había sido torturado y asesinado en una comisaría de las unidades de policía de pacificación (UPP). Sin embargo su cuerpo no ha aparecido y es parte de los 40 mil desaparecidos en la ciudad de Rio de Janeiro durante los dos gobiernos del Prefeito Sergio Cabral (PMDB) aliado al PT en las elecciones del estado.

Y las desapariciones no afectan sólo a los adultos: en Brasil cerca de 40 mil niños y adolescentes desaparecen por año, y según la secretaria de derechos humanos de la presidencia, entre 10 y 15% jamás son encontrados. En el último informe de Unicef de julio 2015, sobre la situación de niños y adolescente en Brasil se destaca además del exterminio de jóvenes negros, la exclusión escolar. Más de 3 millones de niños y adolescentes están todavía fuera de la escuela. Los excluidos de la educación representan exactamente las poblaciones marginalizadas del país: son pobres, negros, indígenas y quilombolas. Muchos dejan la escuela para trabajar y gran parte vive en zonas suburbanas de baja renta, en la Amazonia o en zonas rurales.

La situación de los derechos humanos en las zonas rurales se ha agravado. En el cuarto congreso nacional de la Pastoral de la Tierra se informó que por tercer año consecutivo Brasil encabeza ranking mundial de asesinatos de líderes sociales y ambientales. Al mismo tiempo el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) informa que la violencia contra los indígenas volvió a crecer en 2014 con 70 víctimas indígenas de homicidios. ¿Puede haber alguna duda de que estos crímenes tienen una relación directa con terratenientes que cuentan con el abierto apoyo de los gobiernos del PT al agro-negocio?

No desconocemos que, durante los gobiernos del PT los programas asistencialistas disminuyeron, tanto la pobreza como la miseria extrema. Pero el descontento popular que se profundiza está relacionado a la gran brecha que existe entre las expectativas de la población respecto a sus ilusiones sobre cambios profundos que se esperaban del gobierno del PT y el limitado asistencialismo, que dejó por el camino la reforma agraria, la reforma política y electoral, la reforma impositiva, la reestructuración de los medios de comunicación, la ampliación del derecho a una salud de calidad gratuita, la inclusión universal en la educación, el transporte urbano de calidad, etc.

Por eso hoy el gobierno se enfrenta a una crisis de hegemonía democrática, acumula descontento popular y es víctima de una ofensiva reaccionaria de sus “aliados” y opositores. Para el día 16 de agosto la oposición y grupos reaccionarios esperan concretar una gran movilización contra la presidencia y el PT que los acerque al soñado “ impeachment ”.

Aunque Dilma Rousseff hasta ahora no lo ha comprendido, su única esperanza de sobrevivencia es que la galaxia de movimientos sociales populares, sindicales y estudiantiles, ya comenzaron a articularse para construir una gran movilización el 20 de agosto. Y que la polarización institucional actual salga de los gabinetes de la élite política y empiece a definirse en las calles.

Juan Luis Berterretche es miembro de consejo de edición y redacción de Desacato.info.